El movimiento proamnistia de la Txantrea alerta de la grave situación en la que se encuentra Mikel Gil Cervera, Kurika. El preso padece desde hace años una grave enfermedad psíquica, que ahora se está agravando y que el mes pasado le llevó a ser ingresado nuevamente en la enfermería de la cárcel de Zuera. Además, le acaban de impedir que siga siendo atendido por su médica de confianza, motivo por el que Kurika se declaró en huelga de hambre durante varios días.

Mikel Gil Cervera, Kurika, es el preso político de la Txantrea que más años lleva en prisión, un total de 16. En su juventud, fue un activo miembro del movimiento popular del barrio, y tomó parte en la Comisión de Fiestas y en la organización del Rastro. A mediados de los 80 fue acusado de ser miembro de ETA y huyó a Francia. Allí fue detenido el 4 de junio de 1992.

En mayo de 1993, estando en la cárcel de Fleury, sufrió una grave crisis de ansiedad por la que fue ingresado en un centro sanitario, donde se le prescribió un tratamiento farmacológico intenso. En 1996 volvió a recaer y empeoró su situación, teniendo que permanecer por ello en el módulo de la unidad de psiquiatría. Entonces, el psiquiatra de la prisión determinó el diagnóstico: «patología ansioso depresiva y trastornos de la personalidad de base, motivados por acontecimientos traumáticos».

Empeoramiento

Desde su extradición al Estado español, en el año 2000, ha ido empeorado su situación. Ha tenido varias recaídas, la peor la sufrida entre octubre de 2006 y junio de 2007, cuando tuvo que estar ingresado durante tres meses en la enfermería de la prisión. Entonces, ante la gravedad de su situación, sus abogados solicitaron la aplicación del artículo 92, que prevé la excarcelación de los reclusos con enfermedades graves o incurables. Pero el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria lo denegó. El pasado mes de octubre pidió el traslado a la cárcel de Pamplona para poder recibir un tratamiento adecuado, pero todavía no han contestado a esta petición.

El pasado 7 de febrero, Kurika ingresó de nuevo en la enfermería de la cárcel de Zuera por una agudización de su enfermedad, y pocos días después llegó desde Madrid una orden del juez de Vigilancia Penitenciaria negándole la asistencia de su psicóloga de confianza. Esta es la única asistencia médica que tenía y, para el movimiento proamistia del barrio, es una nueva evidencia «de que la política penitenciaria consiste en la crueldad y la venganza para con los presos y presas políticas vascas». Por este motivo, Mikel Gil llevó a cabo una huelga de hambre que interrumpió el pasado 19 de febrero.

Desde Askatasuna del barrio piden la inmediata libertad de Kurika y alertan al vecindario acerca de la grave situación del preso. «Desde la Txantrea no debemos permitir que esta situación continúe, ya que Kurika tendría que estar en la calle. Ahora más que nunca debe sentirse arropado por los vecinos y vecinas del barrio, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerle llegar todo nuestro apoyo, bien sea escribiéndole o saliendo a la calle a denunciar esta situación y a exigir su excarcelación».

Vivir la enfermedad en la carcel

La petición de libertad para Kurika, en base a la aplicación del artículo 92, se fundamenta en que, mientras esté en la cárcel, su enfermedad, lejos de remitir, es previsible que seguirá agravándose.
«Dentro de la situación de excepción que viven los presos y presas políticas vascas, a menudo son conocidas las muertes y suicidios que se producen en las prisiones por desatención médica o por las presiones de la vida cotidiana dentro de las cárceles». Askatasuna recuerda el régimen de aislamiento en el que viven, la restricción de horas de vida en común, encerrados durante 20 horas al día en celdas diminutas sin poder disfrutar de sol o aire fresco, e incluso en muchas ocasiones privados de luz natural, «lo que indudablemente es un atentado contra su integridad psicológica», señalan. Añaden a todo esto la falta de higiene en la carcel, y  que tampoco disponen de agua caliente en las duchas para su propio aseo personal. La mala alimentación y una asistencia sanitaria inadecuada colaboran en el empeoramiento progresivo de la salud de los presos enfermos. «En el caso de los presos y presas políticas vascas, ya son 22 los que han perdido su vida dentro de la cárcel, muchos de ellos por negligencias médicas», aseguran.

Denuncian también que el contacto de los presos con sus médicos de confianza está limitado por el control de las autoridades competentes, «e incluso el médico de la prisión no deja de ser un funcionario al servicio del poder, que a través de la Audiencia Nacional utiliza la enfermedad como un arma de castigo, desarrollando cada vez más medidas represivas contra los presos como forma de chantaje político».