Alrededor de 180 personas, representates de 117 ayuntamientos y concejos y miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio navarro, acudieron el sábado a la asamblea municipalista celebrada en Burlada. En ella, se acordó impulsar acciones en defensa del patrimonio y en contra de las privatizaciones de bienes inmuebles por parte de la Iglesia.

Tal y como se puso de manifiesto en la asamblea, hasta el día de hoy son 30 los municipios y concejos que han aprobado acuerdos en el sentido de la propuesta de la plataforma: Zizur Mayor, Burlada, Leache, Cirauqui, Arroniz, Muniain, Guesalaz, Garinoain, Pueyo, Irutzun, Lerga, Aibar-Oibar, Berriozar, Argiñano, Altsasu, Auritz-Burguete, Uharte-Huarte, Artieda, Uterga, Erro (Concejo), Oteiza de la Solana, Rípodas (Concejo), Leitza, Aranguren, Etxauri, Egues (Concejo), Atarrabia, Orisoain y Etxarri (Etxarri).

Asimismo, se constituyó la comisión gestora de representantes municipales que encabezará la plataforma municipalista, y en el seno de la cual se elaborará una guía informativa para que todos los ayuntamientos y concejos sepan qué pasos seguir para registrar los bienes de su localidad o, en su defecto, emprender acciones legales si consideran que la Iglesia ha registrado alguna cuya propiedad no haya sido demostrada.

La comisión está compuesta por los siguientes representantes electos:  Unai Hualde, alcalde de Atsasu; Ruben Ibero, concejal de Aranguren; Ezequiel Martin, concejal de Berriozar; José Manuel Urroz, teniente alcalde de Burlada; Esther Rodriguez, teniente alcalde de Etxauri; Xabier Barrena, alcalde de Garinoain; Juan José Iriarte, alcalde de Irurtzun; Javier Zabalo, alcalde de Leitza; Víctor Guillén, concejal de Pueyo; Javier Basterra, alcalde de Uharte; Narila Mongragón, concejala de Juslapeña y Carmelo Echeverría, concejal de Arroniz.

Intervenciones

Entre las intervenciones de la jornada, la abogada Isabel Urzainqui señaló que los ayuntamientos y concejos tienen la obligación y la responsabilidad de conservar y defender sus bienes públicos, como se recoge en la Ley Foral de Administración Local, y en el caso de que no lo hagan son los vecinos, a título particular, quienes insten a las entidades a hacerlo. Por ello, animó a los municipios a inscribir los bienes que puedan demostrar que son de la localidad.

El historiador José María Esparza, miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimono de Navarra, animó a los investigadores a «mover los legajos» de los archivos municipales con el objetivo de ver «quién levantó las iglesias y los atrios de nuestros pueblos». Esparza recordó que, según los datos que manejan, la Iglesia ya ha registrado más de mil propiedades públicas», una privatización que, en su opinión, «hay que denunciar porque atenta contra lo histórico, lo jurídico y lo moral».

Si algún ayuntamiento o concejo quiere ponerse en contacto con la comisión, puede hacerlo a través del e-mail patrimonionavarro@tafalla.com 

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